La reforma del código penal del año pasado estableció penas más duras de sanción a las empresas que no utilicen programas legales en sus equipos, llegando incluso a penas de prisión de 4 años y el cierre de la empresa. Las empresas que no pongan medios para evitarlo y sus administradores son los responsables ante la ley del uso de software ilegal en su instalación, además de las sanciones puede repercutir en la concesión de subvenciones y ayudas de las administraciones.
Diversos estudios demuestran que existe una relación entre el uso de software ilegal y los problemas de seguridad en las empresas, además el uso de software ilegal en muchas ocasiones provoca retrasos y funcionamientos indeseados en los programas no legalizados.
El uso de software ilegal inclumple el copyright de los programas y provoca caída de empleo en el sector tecnológico, lo que al final redunda en todos nosotros tanto en actualizaciones de software como en soporte recibido.
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