El 15 de enero entró en vigor la ley por la que se hace obligatoria la factura electrónica en nuestra relación con las administraciones públicas (ayuntamientos, diputaciones, etc) con el objetivo de evitar la morosidad en la administración. En caso de no cumplirse puede conllevar multas de hasta 10.000 euros, las facturas que superen los 5.000 € deberán enviarse a través de la plataforma FACE.
La ley establece un modelo único de factura electrónica en toda la administración, el denominado modelo E, al que deberán adaptarse tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas para el pago a sus proveedores. Las versiones de factura electrónica adaptadas para trabajar con centros administrativos son las versiones 3.2. y 3.2.1.
Mediante esta ley, por la que además se crea un único registro contable de pagos en el sector público, se asegura una mayor transparencia en la lucha contra la morosidad de las Administraciones Públicas, según las estimaciones del Gobierno y permitirá que salgan a la luz todas las facturas pendientes de cobro en las administraciones públicas.
Podéis encontrar más información en la siguiente página web.
https://www.facturae.gob.es/Paginas/Index.aspx
